¡Ni de EE.UU., ni de Guatemala!

El presidente Obama acaba de frenar la deportación de inmigrantes en Estados Unidos. El incremento en el número de expulsados desde este país a Guatemala había provocado que miles de niños norteamericanos nacidos de padres guatemaltecos vivan como ilegales y en pobreza extrema en tierras centroamericanas.

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, ha frenado la deportación de inmigrantes a falta de una reforma del Congreso. De esta manera evitará  que unos cinco millones de indocumentados vuelvan a la fuerza a sus países de origen durante los próximos tres años,  priorizando el regreso de aquellos que tengan antecedentes criminales o hayan llegado a ese país recientemente.

Con esta decisión Obama beneficiará a los indocumentados que tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes criminales, además de extender la Acción Diferida (DACA) a los jóvenes estudiantes.

Pero, ¿qué ocurría hasta ahora? Desde Guatemala Efe presenta algunos casos de lo que significa esa deportación.

“¡Cómo me gustaba vivir allá en los Estados Unidos! Acá, para ir a la escuela, hay que trabajar primero. Allá no», cuenta Yoselin, la hija mayor de Estuardo Castillo, un guatemalteco deportado de Estados Unidos a la nación centroamericana en 2008.

“Aquel día que se llevaron a mi papá llegaron también a mi escuela, me pusieron esposas, me registraron todo lo que tenía y, luego de varias horas,  me enviaron en un bus a encontrarme con mi mamá”, recuerda la niña de 13 años.

Yoselin tiene una hermana, Heidy, quien nació hace siete años en Wisconsin, al noreste de Estados Unidos. Hoy vive en Parramos, un poblado a 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Luce muy delgada y es la única de las cuatro hermanas que asiste a la escuela.

Su mayor orgullo es su pasaporte norteamericano. Lo guarda en una caja muy especial, según dice. El documento está vencido, como también su permiso de permanencia en Guatemala, que genera una multa de 1,30 dólares diarios por la irregularidad.

DECENAS DE MILES DE CASOS.

Yoselin de 13 años sostiene el pasaporte estadounidense de su hermana Heidy de 7 años
Vista panorámica del Rosario, lugar donde vive la familia de Griselda tras regresar de EUA
Maribel Hernández, de 36 años, fue deportada junto a su esposo Estuardo Castillo y sus hijas
En la manta unos cuantos granos de frijol son la comida de la familia de Maribel Hernández
Allison de 14 años, aún recuerda con anhelo los días en los que estudiaba en los Estados Unidos.

Estados Unidos deportó en 2013 a poco más de 50.000 guatemaltecos y México, vía terrestre, a otros 24.000. La cifra este año apunta a ser similar en en el primer caso pero en el segundo podría superar la barrera de los 40.000 deportados

La madre de Yoselin y Heidy, Maribel Hernández, es analfabeta. A sus 36 años, lamenta una y otra vez haber regresado a Guatemala: en 2008 su esposo Estuardo fue deportado y el miedo a la incertidumbre sobre su futuro la hizo volver, según cuenta a Acán-Efe en una entrevista en su precaria casa de Parramos.

Estuardo es uno de los casi 250.000 guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos a la nación centroamericana desde 2008 a la fecha.  No tiene trabajo y lo poco que siembra como agricultor apenas le alcanza para comer dos veces al día, pues su familia también es una de las 300.000 afectadas en este 2014 por una terrible sequía en Guatemala.

En 2005, Estuardo partió a través del desierto mexicano hacia Estados Unidos, con su esposa y dos pequeñas hijas de 4 y 2 años. Sobre sus espaldas cargaba el peso de las menores y el de una deuda por el viaje de 16.000 dólares.

Dos meses después de cancelar el dinero adeudado al «coyote», fue capturado mientras trabajaba en una planta procesadora de carne en Iowa, por la policía migratoria. Pasó ocho meses en prisión y finalmente fue deportado a Guatemala.

Todo se derrumbó para la familia, que tenía que empezar de cero en uno de los cinco países más violentos del mundo, donde casi la mitad de la población es pobre y un 15 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza extrema.

Las pandillas, el narcotráfico y la debilidad de las institución del Estado son, según expertos, los grandes culpables de la situación.

SUEÑO FRUSTRADO.

En otro poblado cercano, llamado El Rosario,  a unos 55 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, Griselda, de 33 años, también vivió el calvario de un sueño americano frustrado.

En el año 2004, junto a su hermano,  su marido y su pequeña hija Alison, de tres años, decidieron emigrar ilegalmente a Estados Unidos,  acorralados por la pobreza.

El viaje duró 29 días e incluyó dos semanas encerrados en una vivienda junto a otras personas esperando que el río Bravo bajara su caudal para poder cruzarlo.

“La pasada del río fue mi momento de mayor terror.  Caminando, el agua me llegaba al cuello y había corriente. Teníamos que  pisar exactamente  por donde lo hacía el «coyote». Mi hermano, que era el más alto de todos nosotros, cargó a mi hija en sus hombros”, contó Griselda.

La familia se asentó en Estados Unidos, también en la misma fábrica de Iowa, donde cobraban 6,50 dólares la hora. Según la Secretaría de Trabajo de dicho Estado, en  2008 el salario mínimo era de 7,25 dólares de la moneda estadounidense.

Trabajaban 12 horas por día. No gozaban de prestaciones, ni de vacaciones, licencias o indemnizaciones. “Igual con lo que ganábamos los dos, vivíamos  todos bien”, presume Griselda.

Un año después de su llegada a Estados Unidos, nació el segundo hijo de la familia, Carlos, o Carlitos, como le llaman.

En la misma redada de 2008 en la empresa donde trabajaban, las autoridades detuvieron  a 385 indocumentados, de los cuales 290 eran guatemaltecos, incluido el esposo de Griselda. Meses después de la detención fue deportado.

Griselda y sus hijos decidieron regresar a Guatemala para estar con su esposo.  En 2011, sin embargo, el padre de familia volvió a Estados Unidos como indocumentado y desde allá envía mensualmente dinero para su esposa e hijos, incluido Carlitos, el estadounidense.

REMESAS DE 4.649 MILLONES DE DÓLARES.

Hasta octubre de 2014, las remesas reportaban un crecimiento interanual en 2014 del 8%, tras registrar un total de 4.649 millones de dólares, según información oficial.

“Pagando la deuda que tenemos con el prestamista que nos dio para el viaje a Estados Unidos, apenas nos alcanza para comer», cuenta Griselda con lágrimas en los ojos.  Carlitos, con su pasaporte norteamericano vencido, vive en penurias económicas al igual que el resto de su familia.

Alison, aquella niña que atravesó el desierto a los tres años, hoy tiene 14.  No olvida su escuela, sus maestras y sus amigas en Estados Unidos. Y sueña con volver. “Acá me atacan en la escuela. No me gusta como me tratan”, asegura.

El Consejo Nacional del Migrante de Guatemala (Conamigua) es el ente encargado de velar ante las distintas instituciones del estado por los migrantes guatemaltecos.

La institución maneja cuatro ejes: migración interna, migracion en tránsito, familiares de migrantes y retornados forzados del exterior.  Y en cada eje de trabajo, abordan temas integrales de salud, derechos humanos y educación.

Pese a los esfuerzos, poco puede hacer Conamigua ante la avalancha de trabajo, con los casi 50.000 deportados de este año y los 1,5 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos (60 por ciento de manera ilegal, de acuerdo a cálculos de los expertos).

A ello se sumaron los 60.000 menores detenidos sin acompañantes intentando cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. De ellos,  37 % proviene de Guatemala. Uno de cada cuatro niños es menor de 14 años y el 77% son varones, según datos de la Oficina de Reasentamiento y Refugio (ORR), que pertenece al Ministerio de Salud de los Estados Unidos.

La secretaria ejecutiva de Conamigua, Alejandra Gordillo, detalla a Acán-Efe que la gran limitante de su institución es el dinero. De los tres millones de dólares de su presupuesto anual asignado, el Gobierno de Guatemala apenas le había entregado un 33 por ciento hasta octubre.

Así, se complica darle atención a los retornados como Griselda o la familia de Eduardo Castillo.

Con seis sedes en todo el territorio y 29 empleados, Conamigua prácticamente destina su presupuesto a gastos de funcionamiento.

A Rosa también la deportaron, pese a que su tercer hijo nació en Estados Unidos. Hoy solo desea volver a encontrarse con su marido en la nación norteamericana.  Llora, y agradece la entrevista. “Conversar sobre esto ayuda”, dice, y se retira con paso cansino.