La violencia, una prioridad por resolver para el empresariado guatemalteco

Los empresarios guatemaltecos reafirmaron públicamente esta semana su interés por trabajar en conjunto con el estado para disminuir los índices de violencia, un flagelo que le quita la vida a 16 personas cada día y que además le cuesta 430 dólares anuales a cada habitante.

El Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2014, que el jueves pasado celebró su undécima edición, se enfocó y puso sobre la mesa uno de los principales problemas del país: la violencia.

Con un asesinato cada 90 minutos, la nación centroamericana es una de las cinco naciones más violentas del mundo junto a Belice, El Salvador, Honduras y Venezuela, de acuerdo a la ONU.

El ex alcalde de Nueva York (1994-2001), Rudoph Giuliani, fue el principal invitado y expositor del evento. Su experiencia como alcalde de la ciudad estadounidense, donde redujo los índices de violencia en casi un 50 por ciento, llamó la atención de los empresarios guatemaltecos.

Giuliani recomendó a la nación centroamericana la implementación de un programa de estadísticas integral, denominado CompStat, que le permitirá a las autoridades evaluar datos y analizarlos de mejor forma.

«CompStat» medía todos los días el crimen de Nueva York y cada jueves analizaban las estadísticas para hacer los cambios basados en dónde estaban siendo efectivos y en donde no.

El ex funcionario norteamericano indicó que es necesario, además, invertir en tecnología, como en cámaras de vigilancia, no solo para prevenir el delito sino para después poder probar hechos ilícitos.

Al encuentro asistieron alrededor de 2.500 personas entre empresarios, representantes de los tres poderes del Estado, líderes de la sociedad civil y de organismos internacionales.

El presidente del Enade, Miguel Torrebiarte, precisó que desde la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, en 1996, han muerto en Guatemala 87.000 personas bajo circunstancias violentas.

Previo a ello, el conflicto armado interno que enfrentó al Estado con la guerrilla entre 1960 y 1996 dejó unos 250.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

«El costo de la violencia y el crimen en Guatemala es del 8,7 por ciento del PIB (producto interno bruto), unos 430 dólares por cada habitante de los 15 millones que tiene el país» o sea 6.450 millones de dólares, advirtió Torrebiarte.

Esto, además de ser un factor que limita la operación de las empresas existentes, es también una fuerte barrera para la atracción de nuevas inversiones hacia el país, agregó el empresario.

De acuerdo al Foro Económico Mundial 2013, Guatemala ocupa el lugar 147 de 148 países evaluados, en cuanto a los costos que las empresas deben incurrir para hacer frente al crimen y la violencia.

En el encuentro participaron también participaron la fiscal general, Thelma Aldana, y el ministro de Gobernación (Interior) Mauricio López Bonilla.

Para ambos, el principal problema en el combate contra el crimen organizado es la falta de recursos del estado. Aldana explicó que necesitaría por lo menos un 60 por ciento mas de presupuesto, en tanto el ministro aseguró que debe realizar recortes de gasolina en los carros policiales por falta de recursos.

«El Ministerio Público tiene 1.180.000 casos sin resolver considerados en mora, y de estos 127.655 son delitos contra la vida», reconoció la fiscal.

El encuentro de empresarios es organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), que tiene también como prioridad reducir la pobreza del 53.7 % actual, al 35 % en el año 2021.

El presidente de Fundesa y uno de los líderes empresariales del país, Felipe Bosch, convocó a la creación de una coalición por la seguridad para trabajar en un plan estratégico integral en contra de la criminalidad y a favor de la justicia.

«La certeza del castigo a quien incumple la ley debe estar en el tope de las prioridades de cualquier plan de gobierno», argumentó el empresario.

Entre el 70 y 90 % de delitos que se cometen en Guatemala quedan impunes, de acuerdo con datos oficiales.

El presidente de la nación centroamericana, Otto Perez Molina, también participó en el encuentro y centró sus palabras en la importancia de la Policía Nacional Civil (PNC), que lleva a cabo un plan para la formalización y profesionalización de sus agentes.

El Índice Global de Paz, elaborado por la entidad Vision of Humanity, es el primer estudio en establecer una clasificación de los países en función del nivel de paz en el que viven sus ciudadanos.

Guatemala se encuentra en el puesto 115 de 162 naciones, situado solo por encima de Honduras en Centroamérica.

EL TERROR VUELVE A UN PUEBLO DE GUATEMALA DIVIDIDO POR UNA CEMENTERA

El asesinato de 11 personas en un confuso enfrentamiento, en el que otras 11 quedaron heridas y que provocó que casi un centenar huyeran de sus casas, ha avivado la tensión en un poblado de Guatemala, que vive en conflicto desde hace ocho años por el funcionamiento de una cementera.

Las versiones sobre lo que sucedió entre la noche del viernes 19 de septiembre y el sábado 20 en San Juan Sacatepéquez, un municipio del departamento (provincia) de Guatemala, son contradictorias.

En lo que casi todas las versiones concuerdan es en que, ese viernes, un grupo de personas armadas con escopetas, pistolas, fusiles y machetes entró en una vivienda de la aldea de Los Pajoques, que pertenece al municipio, y durante un enfrentamiento, que se extendió a otras residencias, murieron 11 personas.

Otras 11 resultaron heridas en el choque, que culminó con varios vehículos y propiedades incendiadas. Más de 85 vecinos abandonaron sus hogares y se trasladaron a albergues temporales a causa del terror reinante en el puebloEL TERROR VUELVE A UN PUEBLO DE GUATEMALA DIVIDIDO POR UNA CEMENTERA.

San Juan Sacatepéquez, a 31 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, ha sido escenario en los últimos ocho años de docenas de incidentes por la oposición de 12 comunidades del municipio al funcionamiento de una empresa cementera, de capital guatemalteco, que fue inaugurada finalmente en 2013 pese a la oposición de los vecinos.

Recientemente, también han mostrado su oposición a la construcción de un «Anillo Regional», una carretera de 402 kilómetros que unirá 58 municipios de ocho departamentos.

El de Guatemala decretó, dos días después de la masacre, un de prevención en el municipio, en vigor durante dos semanas. Así restringió, entre otros derechos, las manifestaciones públicas y las reuniones al aire libre.

También emitió una orden de captura contra 29 personas y detuvo a cinco supuestos implicados en los enfrentamientos.

Daniel, de 24 años, asistió el miércoles al funeral de seis de las víctimas, todas residentes en la vivienda atacada por el grupo armado.

«Los encapuchados nos aterrorizan desde 2006», dijo a el joven, que prefirió no dar su apellido atemorizado por posibles represalias.

El grupo armado supuestamente defiende los intereses de la comunidad en contra de la cementera por temas ambientales, «pero en realidad son ladrones y violadores de mujeres», afirmó.

«Yo dejé mi casa a principios de mes», agregó Daniel.

«El acoso ya era insostenible. Hasta golpearon a mi hijo de dos años. Y la noche de los asesinatos una de las casas incendiadas fue la mía», relató.

El ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, indicó en una rueda de prensa que «grupos armados y encapuchados han venido actuando en contra de las personas que han identificado que vendieron sus propiedades para la construcción de la carretera».

Esta versión la corrobora Carlos Humberto, otro vecino de las víctimas. «En la madrugada entraron en la casa de la familia acusándolos de haber vendido sus tierras para la construcción de la carretera», afirmó.

«Estos grupos nos vapulean. Nos esperan en la montaña para robar nuestros salarios. Nos amenazan. Ya no se puede vivir así. Quiero que el de prevención dure para siempre», añadió.

Las organizaciones sociales, sin embargo, expresaron su rechazo a la decisión del .

El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, aseguró que la medida «es un error» y que será utilizada por las autoridades para imponer sus condiciones en contra de quien pueda oponerse a la empresa cementera.

La organización «Doce comunidades organizadas y en resistencia» emitió un en el que denuncia a «grupos paralelos de la cementera» como los «asesinos perpetradores» de la masacre.

Argumentó también que el objetivo es criminalizar a los grupos que se oponen a la empresa productora del cemento y a la carretera.

El gerente general de la cementera, perteneciente a la firma Progreso, José Raúl González Merlo, argumentó que el enfrentamiento fue iniciado por «terroristas» que están en contra de sus trabajadores y de todos aquellos que vendieron sus terrenos para la construcción del Anillo Regional.

Tres de los seis muertos eran hermanos, de apellidos Pacoj Chacaj.

«La familia Pacoj había sido amenazada antes de la masacre. Eran trabajadores honestos», apuntó.

En el entierro de las seis víctimas, una joven lloraba desconsolada. Su padre había sido asesinado y su madre estaba gravemente herida en el hospital, según dijo.

«Tengo que estar viva para cuidar a mi madre», dijo para después asegurar que no quería hablar con los medios.