“No queríamos llegar a esto. El uso de la fuerza es el último recurso que se utiliza. Vamos a desalojar el lugar”. Las palabras de un comisario de la Policía guatemalteca, al frente de un pelotón de 150 agentes antidisturbios, no amedrentan a 300 pobladores de la autodenominada comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, dispuestos a evitar el ingreso de maquinaria pesada a una empresa minera canadiense que se ha instalado en su pueblo, a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
El recuento de los daños después de 90 minutos de gases lacrimógenos y golpes, incluyó 16 policías y 25 vecinos heridos, según los cuerpos de socorro. Las autoridades lograron limpiar el camino para el ingreso de la maquinaria, aunque 24 horas más tarde los pobladores volverían a instalar el campamento junto a la orilla de la carretera.

La actividad minera en Guatemala está enmarcada dentro de un contexto de conflictos sociales, dilemas ambientales, política fiscal cuestionada y altos precios mundiales de los metales preciosos.

Situación mundial

La demanda de minerales y metales inició, a partir del año 2003, una sostenida demanda, producto de la recuperación de la economía mundial, que produjo un alza de los precios de los principales metales, destacándose el oro, (350 % de aumento desde el año 2004) y el cobre (cuadruplicó su valor en igual período ).

Situación en Guatemala

Guatemala posee reservas de minerales, cuya explotación se vuelve rentable a medida que el precio de los metales en el mercado internacional aumentan. Según el Banco de Guatemala, en el año 2013, la industria minera representó el 1.85 % del producto bruto interno total del país. La producción total fue de 1.002 millones de dólares, un 9.1 % menos que en el año 2012.ducto

La conflictividad social a causa de la minería es un fenómeno mundial. En Guatemala la multiculturalidad de la población, con diferentes concepciones acerca del valor y utilidad de la naturaleza, es otro factor a considerarse en la discusión sobre los beneficios y adversidades de la actividad.

Actores locales y extranjeros se enfrentan, incluso con episodios de violencia. El gobierno, las empresas mineras y los opositores a la actividad minera se encuentran envueltos en complejos procesos que los afectan y ante los cuales toman posición.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), emite tres tipos de licencias a las empresas interesadas a invertir en la industria minera. De reconocimiento, de exploración y de explotación (es solicitada por las empresas cuando en la fase de exploración la minera identifica como rentable el proyecto).

Según el MEM a abril del 2014, se encuentran vigentes 62 licencias para exploración , 32 licencias para explotación de minerales metálicos y 133 no metálicos. Y se encuentran en trámite de aprobación otras 391 licencias para exploración y 57 para explotación.

De las 32 licencias para explotación de minerales metálicos, 6 se encuentran activas, en manos de cinco empresas, tres canadienses, una estadounidense y una rusa.

Recaudación fiscal

La actividad minera generó ingresos a Guatemala por 31.7 millones de dólares en el año 2012, de los cuales el 97 % corresponde a regalías obligatorias (0.5 % de la producción al Estado, y 0.5 % a las municipalidades) y regalías voluntarias a las municipalidades (4 % de la producción) informó el Ministerio de Energía y Minas. Además en concepto de impuesto a la renta en el año 2012 Guatemala recibió otros 30.5 millones de dólares.

Considerando la producción total y el aporte total al Estado de Guatemala, la actividad minera tiene una carga tributaria aproximada del 6 %. Según el ICEFI, la carga tributaria promedio de la industria en general es del 11 %.

Según CEPAL, en Guatemala, la carga tributaria representa para las empresas mineras el 12.2 % de su renta, en Bolivia es del 57.7 % en Honduras del 10 %, y en Chile el 35.7 %.   En tanto que la actividad minera representa el 0.3 % de los ingresos fiscales totales del país, en Bolivia es del 2.2 %, en Honduras 0.5 % y en Chile el 37.5 %.

En enero de este año Minera San Rafael realizó el primer pago en relación a regalías y pagos voluntarios, USD$1.5 millones por la producción de Octubre a Diciembre del año 2013 (31 millones de dólares exportados), de los cuales 625 mil dólares se destinaron al Estado de Guatemala, 625 mil dolares para la Municipalidad de San Rafael las Flores (la mitad de su presupuesto anual) y 250 mil dólares para las 5 municipalidades que firmaron el acuerdo voluntario, informó el MM.

La minería no es una actividad económica que se integra con el resto de la economía, afirmó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, extrae los recursos y los vende. “Eso es parte del dilema. No es una industria que llegue y se quede por 100 años,e intente construir una mejora en el mercado doméstico, ni la integración con otro sector. Tampoco es una actividad intensiva en mano de obra porque tienen alta tecnología”, agregó.

La propuesta de Jonathan Menkos, para destrabar los conflictos es generar un debate amplio construyendo espacios de diálogo que determinen si la explotación minera es pertinente para el progreso de Guatemala, evaluando sus costos y beneficios, pero sobre todo, su impacto sobre los derechos humanos. Dependiendo de esos acuerdos se deberá formular una política fiscal para las industrias extractivas que contribuyan a la generación de riqueza para el país.

Empleo

Según Dávila, jefe de comunicación corporativa de Minera San Rafael: “Minera San Rafael emplea directamente a más de 860 empleados, de los cuales el 96% son guatemaltecos y de éstos, más de la mitad son originarios de la municipalidad de San Rafael”.

Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el año 2012, sobre un total de 1.185.866 afiliados, el 0.4 % (4.784) correspondían a la actividad minas y canteras, de los cuales el 89 % eran hombres y el 11 % mujeres.

Conflicto social

Menkos, afirmó que la concentración de licencias de proyectos mineros en ciertas regiones del país podría explicar los altos niveles de conflictividad. Para el año 2010 , de los 230 municipios guatemaltecos que no tenían ningún tipo de licencia, el 90 % no reportaba conflicto, en tanto que de los 101 municipios con licenciamientos el 78 % reportaba algún conflicto.

Específicamente en el caso de la minería metálica, la totalidad de las minas en actividad presentan conflicto social.

En el occidente del país, en el departamento de San Marcos, se encuentra la mina Marlin, que extrae oro, plata, zinc, plomo, hierro, cobre y mercurio, operada por la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Godcorp. Inc. (tercera mayor productora de oro del mundo) La misma empresa tiene vigentes otras 11 licencias de exploración en la región de San Marcos.

Desde sus inicios, en el año 2003, la minera y las comunidades de la zona han tenido relaciones tensas. Miembros de 18 comunidades indígenas solicitaron medidas cautelares basadas principalmente en que la concesión minera se habría realizado sin consultar en forma previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

La misma empresa canadiense opera a través de Entre Mares SA, la mina Cerro Blanco, ubicada en el departamento de Jutiapa, al sudeste del país. En agosto del 2013 decidió suspender sus actividades a causa de la baja en el precio del oro. La organización ecologista Madre Selva, aseguró en un comunicado que la verdadera causa de la suspensión es el conjunto de las deficiencias cometidas en el desarrollo del proyecto minero. Y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala afirmó en su anuario de actividades que Cerro Blanco “cerró temporalmente sus operaciones por dificultades técnicas con inundaciones del túnel”.

La minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, opera la tercera mina de plata mas grande del mundo, El Escobal, ubicada en el Departamento de Santa Rosa, al sudeste del país.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tres municipios adyacentes a la región de El Escobal han llevado a cabo consultas municipales de vecinos durante el 2011 y todas se han manifestado rotundamente en contra de la actividad minera.

Andrés Dávila, dijo en entrevista con EFE: “Desde que Minera San Rafael llegó al municipio ha mantenido un constante acercamiento y comunicación con las comunidades vecinas. Más de 4,500 personas conocen nuestros procesos y resuelven sus dudas. Esto ha permitido contrarrestar la desinformación que ha existido y ha generado una mayor confianza en la empresa. Esta apertura también ha beneficiado en la reducción de incidentes en la región”.

La violencia no da tregua. Según el Ministerio Público de Guatemala, el 19 de noviembre de 2012 en Jalapa, un grupo de personas interceptaron y robaron la carga de un convoy que transportaba explosivos para la mina San Rafael.

Posteriormente, el 21 de enero de 2013 dos guardias de seguridad privada de la minera fueron asesinados durante un enfrentamiento con personas armadas; y uno de los atacantes también resultó muerto.

Mas tarde, el 27 de abril de 2013 un grupo de vecinos de la localidad se agrupó frente a la entrada de la mina y se generó un enfrentamiento que dejó como resultado seis personas de la comunidad heridas.  En este hecho el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas en las que un ex jefe de seguridad de la minera confesaba “Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran… Y para no tener problemas con la ley, me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.

El 30 de abril de 2013, un grupo de personas privó de libertad a 23 agentes de la Policía Nacional Civil, les quitaron sus armas e incendiarion las autopatrullas. Los captores exigían que se cerrara la mina a cambio de liberar a los policías.  Ese mismo día en San Rafael Las Flores,  fue asesinado un agente policial cuando se dirigía a prestar auxilio a unos vecinos de esa localidad. A raíz de estos acontecimientos el presidente Otto Perez decretó el estado de sitio durante siete días en dos municipios del sector.

El 24 de mayo de este año las fuerzas de seguridad rescataron a una mujer canadiense que fue retenida por lugareños que la tenían atada a un árbol. La Policía Nacional Civil maneja la hipótesis de que la joven, quien no habla español, pudo ser confundida con una trabajadora de la empresa minera San Rafael.

El Tambor, de la estadounidense KCA, es el proyecto minero ubicado en el departamento de Guatemala, que a pesar de poseer licencia de explotación desde al año 2011 aún no ha podido comenzar a operar.

La resistencia “La Puya” ha impedido durante dos años y tres meses, el ingreso de la maquinaria necesaria para iniciar operaciones. Un grupo de personas voluntarias, acampaban en turnos de 24 horas, los 365 días del año, en la entrada de la mina para evitar el inico de operaciones.

Hasta el pasado 23 de mayo cuando la policía nacional civil con gases lacrimógenos y después de un enfrentamiento que dejó mas de 25 heridos de ambos bandos, desalojó el sector para el ingreso de la maquinaria.

A causa de la resistencia a la instalación de la mina Yolanda Oquelí, líder del movimiento opositor, fue baleada en junio del año 2012, luego de haber recibido varias amenazas para que abandone su causa.

Oquelí quien estuvo presente el día del desalojo dijo a EFE que “no tenían ninguna orden judicial para tal acción, fue un acuerdo entre el MInisterio de Gobernación y la empresa minera. Los miembros de las fuerzas policiales quebraban las caras de las mujeres con sus bombas lacrimógenas, tenemos mujeres con sus brazos fuera de lugar, no permitían que entren las ambulancias, teníamos que sacar heridos en carros, éramos mas de 2.000 personas apoyando la resistencia”.

 La Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la rusa Solway Investment Group, opera en Izabal al nororiente del país, y extrae níquel, a inicios del 2007 familias q’eqchi’ argumentando que se les habían expropiado sus terrenos, volvieron a ocupar las tierras en manos de CGN, acciones que fueron seguidas de violentos desalojos y de la persecución legal de los líderes comunitarios .

Medio ambiente

Las organizaciones que se oponen a la actividad minera argumentan daños al medio ambiente, como menor cantidad y calidad del agua, contaminación del aire, deforestación, y cambio drástico del paisaje natural.

“Acá tenemos agua unas tres o cuatro horas a la semana, la mina se va a llevar toda el agua, no podemos darnos el lujo de tener una empresa minera acá”, aseguró Oliva, vecino de La Puya.

La Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) efectuó monitoreos del agua disponible en áreas de influencia de la mina Marlin y publicó un informe en el que destaca que “ Luego de 4 años consecutivos de monitoreo de las aguas superficiales y de nacimientos, los resultados obtenidos de metales pesados sobrepasan los límites aceptables, por lo que se genera preocupación, sobre todo si estos continúan en aumento, causando problemas ambientales, y de salud en la población aledaña”. Revela también que parámetros como arsénico, manganeso y aluminio están por encima de los aceptados por el Banco Mundial para Minería a cielo abierto y por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos.

Dávila aseguró que no es acertado “catalogar a todas las mineras como dañinas del medio ambiente, lo que corresponde es analizar a cada una, sus procesos, su tecnología, su responsabilidad social, y no generalizar”. Afirmó que el agua que se utiliza en San Rafael proviene del interior de la mina y no afecta los pozos comunitarios, es reciclada casi en su totalidad y la que es descargada al ambiente cumple con los requisitos técnicos y legales de la legislación guatemalteca.